El club de Boedo afronta nuevas complicaciones judiciales derivadas de deudas de gestiones anteriores. Gonzalo Maroni, el representante de los hermanos Pittón e Independiente de Villa del Rosario iniciaron medidas que impactan sobre las arcas de la institución.
La inestabilidad institucional y económica continúa siendo uno de los principales problemas que debe afrontar San Lorenzo. La actual dirigencia no logra dejar atrás las consecuencias de los pasivos acumulados durante administraciones anteriores y, en los últimos días, el club sufrió tres nuevos embargos judiciales que, en conjunto, superan los 650 mil dólares.
Las medidas precautorias fueron impulsadas por el mediocampista Gonzalo Maroni, el agente Alan Ignacio Poch, en representación de los hermanos Bruno y Mauro Pittón, y el club Independiente de Villa del Rosario, por los derechos de formación correspondientes al delantero Nicolás Reniero.
El reclamo de Maroni representa el mayor impacto económico. El futbolista, que llegó a San Lorenzo en 2022, ejecutó un embargo por 261.250 dólares, al que se suman otros 83.000 dólares correspondientes a honorarios profesionales generados durante el juicio ordinario y su posterior ejecución.
Desde la actual conducción azulgrana remarcaron, como aspecto positivo dentro del conflicto, que los abogados que representaron al club decidieron renunciar expresamente al cobro de sus honorarios, evitando así generar un gasto adicional para las arcas de la institución.
El segundo embargo está relacionado con Alan Ignacio Poch, representante de los hermanos Bruno y Mauro Pittón, quienes arribaron a San Lorenzo en 2019. En este caso, la medida cautelar afecta directamente fondos que el club percibe mediante la empresa encargada de administrar y procesar el cobro de cuotas sociales, aranceles, abonos y localidades desde 2024.
El embargo comprende un capital de 175.000 dólares, más otros 52.500 dólares calculados en concepto de intereses y costas procesales.
El tercer frente judicial tiene como protagonista a Independiente de Villa del Rosario, institución cordobesa en la que se formó Nicolás Reniero. El delantero fue transferido desde San Lorenzo a Racing en agosto de 2019, operación que dejó pendientes obligaciones correspondientes a los derechos de formación.
Ante la falta de pago, el club cordobés trabó un embargo sobre recursos económicos de San Lorenzo por 68.678.400 pesos, equivalentes al 70% del total reclamado, además de una suma destinada a cubrir intereses y costas. El monto consolidado del reclamo ronda los 113.145 dólares.
De esta manera, San Lorenzo vuelve a quedar condicionado por obligaciones originadas en años anteriores. Mientras enfrenta estas contingencias judiciales, la actual dirigencia busca reestructurar los pasivos históricos y establecer planes de pago que permitan reducir el impacto de los reclamos sobre el funcionamiento cotidiano de la institución.
El desafío para el club de Boedo pasa ahora por encontrar una salida que permita atender las obligaciones pendientes sin profundizar una situación económica que continúa siendo uno de los principales obstáculos para su recuperación institucional.