El organismo dependiente del Ministerio de Justicia desestimó el pedido de traslado hacia la provincia de Buenos Aires al considerar que la dirección declarada no cuenta con funcionamiento real. Además, advirtió sobre “graves irregularidades” administrativas de la entidad.
La Inspección General de Justicia (IGJ), organismo dependiente del Ministerio de Justicia, rechazó la solicitud presentada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para trasladar su domicilio legal desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hacia la provincia de Buenos Aires.
Según indicó el organismo en un comunicado oficial, la dirección informada por la AFA “carece de respaldo real” y no corresponde a ninguna instalación operativa de la entidad. En ese sentido, la IGJ sostuvo que en el lugar declarado “no existe ninguna oficina, autoridad ni funcionamiento administrativo” del ente rector del fútbol argentino.
De esta manera, el pedido fue desestimado y se ratificó que la AFA continúa operando legalmente en su histórica sede de la calle Viamonte, en la Ciudad de Buenos Aires. En el texto difundido se subraya que “la AFA continúa funcionando en su sede de la calle Viamonte de la Ciudad de Buenos Aires”.
Además del rechazo al cambio de domicilio, la IGJ apuntó contra la situación institucional de la entidad. En el comunicado se remarca que la AFA “acumula graves irregularidades”, que “no tiene aprobada la reforma de su estatuto” y que adeuda la presentación de explicaciones sobre balances y estados contables correspondientes al período 2017-2024. También se señala que no presentó sus estados contables de 2025, que no canceló su inscripción en el Registro Público y que pretende convalidar decisiones tomadas en su última Asamblea, fiscalizada por autoridades provinciales cuando la normativa exige supervisión nacional.
Por último, el organismo fue contundente: “Esta conducta constituye un intento deliberado de eludir la Ley. No vamos a permitir que ninguna entidad sortee sus obligaciones legales mediante maniobras irregulares. El Estado de derecho y la igualdad ante la Ley no admiten excepciones”.
El conflicto abre un nuevo frente institucional en el fútbol argentino, con posibles derivaciones administrativas y judiciales en el corto plazo.