La entidad negó tener deuda exigible y sostuvo que las obligaciones fiscales fueron abonadas antes de su vencimiento. Además, cuestionó el accionar del organismo recaudador y calificó de “prematuro” el llamado a declarar.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) difundió un comunicado oficial luego de que su presidente, Claudio Tapia, el tesorero Pablo Toviggino y otros dirigentes fueran citados a indagatoria en una causa por presunta apropiación indebida de retenciones impositivas y aportes de seguridad social.
En su respuesta institucional, la AFA afirmó que no mantiene deuda exigible alguna y aseguró que las obligaciones fiscales cuestionadas fueron abonadas voluntariamente antes de su vencimiento.
Según el comunicado, ese pago anticipado ya fue planteado ante el tribunal interviniente y la situación se encuentra actualmente pendiente de resolución en la Cámara de Apelaciones.
Además, la entidad cuestionó el accionar de Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), al sostener que el organismo pretende considerar como delito penal tributario obligaciones que —según su postura— “ni siquiera estaban vencidas ni podían ser reclamadas judicialmente”.
“La AFA es la única entidad que ha sido denunciada penalmente por ARCA a la presente fecha, pudiendo remarcarse que todas las entidades sin fines de lucro que hoy existen en nuestro país, que se encuentran en la misma situación impositiva y previsional de esta Asociación, no han sido objeto del mismo tratamiento acusatorio por parte de ese organismo”, señala el texto difundido.
Y agrega en su tramo final: “El llamado a prestar declaración indagatoria, estando pendientes de resolución planteos que demostrarían la inexistencia del delito que ha sido denunciado, resulta prematuro y carente de justificación jurídica alguna”.
La citación fue dispuesta por el juez en lo penal económico Diego Amarante en el marco de una investigación que apunta a una presunta apropiación indebida de aportes por 19.353 millones de pesos, vinculados a retenciones impositivas y de seguridad social entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. Además, se estableció que los dirigentes involucrados no podrán salir del país mientras avance el proceso.